Desde el Frente Orgullo y Lucha, junto a decenas de organizaciones de todo el país, expresamos nuestro apoyo a la pregunta por identidad de género incluida en el Censo 2022, y repudiamos por reaccionaria e infundada la presentación judicial en su contra que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la Jueza Macarena Marra Giménez. Hemos conquistado el derecho a la identidad de género, registrada y respetada por el Estado y todas las instituciones, y no daremos ni un paso atrás.

De darle lugar a la medida cautelar, se afectarían los derechos de toda la población y constituiría un ataque directo a las personas trans a casi diez años de la Ley de Identidad de Género (26.743). Nuestro país está dando un paso fundamental para terminar con el binarismo cis-hetero-sexista en los registros estadísticos que invisibilizaron históricamente la existencia de otras identidades y expresiones de género que no se encuadren en el binomio varones/mujeres. Argentina necesita conocer las condiciones de vida de las personas de la diversidad sexual, y permitir que toda la población conozca este derecho a través del instrumento censal. Este avance nos permite registrar la pluralidad de identidades existentes, para conocer las condiciones de vida de nuestro colectivo y nuestras familias.

El Censo 2022 es el primero que releva la identidad de género en todo el país, constituye un hito para deshacer mecanismos patriarcales que violentan nuestros cuerpos e identidades. Para poder revertir las desigualdades y violencias generadas durante décadas contra estos colectivos, se requieren políticas públicas; para cuyo desarrollo se necesita contar con información estadísticas confiable.

La inclusión de la variable identidad de género y sus opciones de respuesta se enmarcan en los derechos reconocidos por la Ley 26.743 y en los compromisos internacionales asumidos por nuestro país como la Convención Americana de Derechos Humanos que, según la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce a la identidad de género y al matrimonio entre personas del mismo sexo como derechos protegidos. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta de la violencia contra las personas LGBTI, en especial contra las personas trans, en su informe del año 2015 y llamó a los Estados a tomar medidas para revertirla.

Llamamos a toda la sociedad, en especial al movimiento de las mujeres, feminista, transfeminista, de los derechos humanos y LGBTINB+ a defender este avance y participar activamente en el Censo de Población, Hogares y Viviendas.

Finalmente, denunciamos que, bajo la defensa de la categoría mujer como biológica y cromosómica, se constituye un acto de profundo transodio. Es un absurdo y una falacia absoluta sostener que el reconocimiento de las identidades de género de todas las personas, incluidas las personas trans, borre la identidad “mujer” o que entre en conflicto con un instrumento totalmente armónico con este derecho como es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos ataques son intentos de dividir al movimiento LGBTINB+ del movimiento de mujeres por medio de antinomias fabricadas y basadas en el prejuicio de que la biología es esencia y destino, que históricamente ha impuesto desigualdad y violencia contra las mujeres. Una vez más, decimos que el cerrado binarismo varón-mujer no da cuenta de toda la diversidad de cuerpos ni en su materialidad, ni en su identidad, ni en sus deseos.

Esta embestida contra el derecho a la identidad de género, se insertan en un contexto donde sectores conservadores reproducen discursos de odio en los medios de comunicación y otras instituciones para atacar y estigmatizar a las personas trans y LGBTINB+ cuando seguimos reclamando justicia por la desaparición de Tehuel de la Torre y celebramos la absolución de Higui de Jesús por defenderse de sus agresores.

Reclamamos al poder judicial el irrestricto respeto a las leyes nacionales y compromisos internacionales y rechazar la medida cautelar contra la inclusión de la variable identidad de género en el Censo 2022.